La reciente denuncia contra el Vocal de la Cámara Civil de los tribunales de Villa Dolores, Pablo Cabral, ha suscitado una ola de preocupaciones en torno a la conducta de quienes ocupan posiciones de autoridad en el sistema judicial. La acusación, presentada por su ex pareja, incluye graves cargos de violencia de género, abuso y amenazas, lo que plantea serias interrogantes sobre la integridad y el comportamiento de este magistrado.

La causa ha sido asignada a la fiscal Dr. María Eugenia Ferreyra, quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las denuncias formuladas. Este caso no es aislado, dado que el magistrado ya contaba con antecedentes problemáticos. En julio de 2020, Cabral fue detenido por conducir de manera imprudente, con las luces apagadas y a alta velocidad, mientras presentaba síntomas de "halitosis alcohólica" y violaba las normativas de cuarentena impuestas por la pandemia de coronavirus. Estos antecedentes no sólo cuestionan su capacidad para ejercer funciones judiciales, sino que también reflejan un patrón de conductas poco recomendables.

Es fundamental que el sistema judicial no solo garantice la justicia para las víctimas de violencia de género, sino que también mantenga un estándar elevado entre sus integrantes. La situación actual demanda una respuesta clara y decidida por parte de las autoridades competentes, con el fin de salvaguardar la confianza pública en el sistema y asegurar que aquellos que violentan los derechos de los demás no permanezcan en posiciones de poder. La investigación a cargo de la fiscal Ferreyra es, sin duda, un paso hacia el esclarecimiento de los hechos y la posible rendición de cuentas por parte del magistrado involucrado